miércoles, 14 de julio de 2010

EL SALVADOR: ¿Conviene o no mezclar a internos comunes y pandilleros?

¿Conviene o no mezclar a internos comunes y pandilleros?

CARLOS PONCE*
Máster en Criminología y Ciencias Policíacas

14 DE JULIO DE 2010
La insubordinación y rebeldía dentro del sistema penitenciario salvadoreño se ha convertido en algo cotidiano durante los últimos meses. Los internos recurren al desorden y desobediencia para que el esquema de trabajo carcelario se adecúe a las necesidades de la población reclusa, especialmente a las de carácter criminal. Esta estrategia parece haber cobrado más fuerza ahora que diversos analistas señalan que las autoridades y cabecillas pandilleros sostienen negociaciones secretas.

Algunos opinan que era lógico esperar un recrudecimiento de las medidas de presión por parte de los internos, ya que el resultado de las negociaciones beneficia más a un grupo de convictos que a otros y el proceso de peticiones y concesiones inevitablemente estaba destinado a convertirse en un ciclo vicioso interminable, debido a la naturaleza de las partes y la ilegitimidad y confidencialidad que implica este abordaje. Otros agregan que las agrupaciones delincuenciales más grandes y reconocidas están aliadas con la izquierda radical y, en consecuencia, se han convertido en un instrumento a través del cual se genera caos y desorden con fines políticos partidarios.

La semana pasada, en este contexto, los reos del centro penal de Apanteos, tradicionalmente sin ninguna afiliación a pandillas, protestaron por el traslado de pandilleros activos a ese presidio. Denunciaron que desde su llegada éstos han tratado de tomar el control de la población penitenciaria a través de la extorsión y otro tipo de victimización. Dejando a un lado las posibles implicaciones políticas de este extraño movimiento de reclusos, la medida ha despertado interés por debatir sobre la conveniencia o no de destinar centros penitenciarios exclusivamente para pandillas y otros para delincuentes que no forman parte de ellas.

Ciertos analistas argumentan que mantener ambos grupos separados ha ayudado a: (1) fortalecer las estructuras de mando de las pandillas; (2) establecer hegemonía entre sus subordinados; (3) consolidar el poder de los cabecillas; (4) mejorar la organización y coordinación intra-pandillera entre diferentes fracciones o clicas. Sin embargo, antes de revertir este abordaje y mezclar a todos los convictos sin importar su membrecía a grupos pandilleriles, es necesario analizar los posibles resultados.

La dinámica social dentro de los presidios está dictada por la peculiar subcultura que rige la conducta de los internos. A través ésta, se establecen las posiciones de influencia y poder, las cuales están asociadas con el rol que juegan los individuos o agrupaciones en la oscura economía de dicho submundo y a la superioridad individual o colectiva que poseen en términos de capacidad para ejercer violencia e influenciar la actividad criminal externa. En otros países este escenario es dominado por pandillas penitenciarias compuestas por diversas pandillas callejeras unidas por criterios raciales. Las alianzas entre estos grupos para hacerle frente al resto, es algo normal. La "Mafia Mexicana", por ejemplo, por años tuvo un pacto con la "Hermandad Aria", para pelear por el control del sistema penitenciario californiano contra la "Familia Guerrillera Negra" y "Nuestra Familia".

No es remoto, por lo tanto, inferir que mezclar a pandilleros con reos comunes se convierta en el precursor de una alianza entre las diferentes pandillas para controlar los centros penales y desplazar a los demás internos. Síntomas de coordinación inter-pandillera se han visto en las marchas en que han participado miembros de diferentes pandillas. También se ha observado cómo reconocidos criminales organizados como Fernando Palacios Luna, alias "El Negociador", han sucumbido ante las pandillas y pasado a formar parte de ellas. Consecuentemente, es importante profundizar este análisis y preguntarse si mezclar a pandilleros con reos comunes facilitará aún más la evolución de dichas agrupaciones, incrementando su peso e influencia en el bajo mundo.

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martes, 13 de julio de 2010

El delito y la justicia

El delito y la justicia
(Eduardo David Ardón)
En todo momento y a cada instante se cometen delitos en honduras. Podríamos decir, que el mismo es consustancial con nuestra sociedad. Y esto es así, porque biológicamente, los originarios del país adolecen de muchos defectos y taras propias de nuestra idiosincrasia. La eterna pobreza en la que hemos vivido, es la causa de la mala nutrición, enfermedades y poco desarrollo intelectual del común denominador de la persona hondureña, aunque desde luego existen sus excepciones. Concretamente, las condiciones económicas y la situación social, además de los desequilibrios mentales que causan estas, constituyen causas importantes para la comisión del delito.
Desde luego, en estados unidos y otros países desarrollados se cometen delitos, pero, ahí las causas son de otro tipo.
A estas causas, agreguemos el surgimiento de las maras y el crimen organizado que proporcionan nuevos elementos y decisivas causas para cometer delitos.
Tenemos entonces, una gama variada de motivaciones para que el delito se popularice y se convierta en un flagelo difícil de combatir y con el que tenemos que lidiar los hondureños diariamente, pero que por desgracia, la justicia y los órganos coercitivos del estado, en esta lucha, están perdiendo la batalla.
Existe infinidad de tipos y formas de los delitos, pero en honduras, nos familiarizamos con el robo, asesinatos espeluznantes, estupro, violaciones, secuestros, narcotráfico, robo de vehículos, estafas, delitos financieros, pedofilia, proxenetismo, timo, asociación ilícita y tráfico de niños, falsificación de documentos, para referirnos a los más comunes.
Para cada uno de estos delitos, el código procesal penal, tiene tipificado el castigo según la gravedad de la falta. Y a propósito del código penal, hay que decir que no es una ley que se adapte a nuestra situación, pues es una copia mecánica de los códigos de otros países más desarrollados que el nuestro. Somos un país muy atrasado y todo lo copiamos mecánicamente, desde las modas hasta la manera de vivir, por eso, los que dicen que no debemos chepiar otras experiencias, están equivocados, porque nosotros no inventamos ni hemos creado nada, todo nos viene del exterior.
El control del delito y la justicia penal tiene muchas deficiencias en nuestro medio. Infinidad de delitos no se resuelven, porque no existe la capacidad logística y porque intervienen los intereses políticos y económicos que favorecen a los imputados e implicados por sus relaciones en la comisión del delito con el poder fáctico del país.
Por otra parte, las prisiones, cárceles o penitenciarias para castigar el delito, son arcaicas y no reúnen las condiciones para el tratamiento del preso, desde el punto de vista de su rehabilitación.
En las prisiones, en lugar de enmendar su conducta, los prisioneros profundizan más en la comisión de más delitos, pues no hay condiciones estructurales para mantenerlos ocupados o trabajando en un taller, que son necesarios en el sistema carcelario de un país.
Además de este problema de las prisiones, en donde existe pésima vigilancia y el dinero del crimen organizado, paga a las autoridades penitenciarias para que se hagan de la vista gorda y permitan las facilidades para la fuga de los privados de libertad, es necesario analizar los aspectos negativos de la escena del crimen en el que los mismos policías con su incapacidad y falta de previsión contaminan el entorno donde se comete el delito y se pierden muchas pesquisas que podrían servir para el esclarecimiento del caso, pues en este tema, los detalles son muy importantes.
Por lo tanto, en lo que al control del delito se refiere, en nuestro país existe una completa ignorancia y desorden en la investigación de cada caso delictivo.
Desde luego, ya empezaron las instituciones policiacas a capacitar a muchos oficiales en los aspectos de criminología y penología, con lo que en el futuro pueden corregirse muchas fallas y poner orden en la anarquía existente.
Para los entendidos en la materia es necesario estudiar "la historia del delito" del autor Garland, en el cual se plantean argumentos interesantes con respecto a este sugestivo tema. En si en el libro, más que una visión histórica del control del delito, y la justicia penal, se replantea el control del delito en países como EE.UU. y Gran Bretaña.
Naturalmente que en los últimos 30 años se han suscitado muchos cambios en la comisión y control del delito. De ahí que existen discrepancias en cuanto a los castigos y la dureza contra los que cometen delitos y a las formas de corregir al prisionero dentro de las cárceles, es decir, su rehabilitación.
Desde hace algunos años se planteó la tesis de que al prisionero es necesario rehabilitarlo y volverlo útil a la sociedad, al salir en libertad, pero actualmente, dado el volumen de la violencia y la mejor organización del crimen, el ideal de la rehabilitación ha ido en declive.
Los programas de rehabilitación dirigidos hacia individuos de alto riesgo como los agresores sexuales de todo tipo, drogodependientes y ofensores violentos, no han presentado buenos resultados, y según la época, ya no se ajustan las tesis correccionalistas. Por eso decimos que se ha dado un debilitamiento repentino de la rehabilitación.
Paralelamente, hay un resurgimiento de las sanciones punitivas y lo que llaman "justicia expresiva".
Esto significa el funcionamiento de la justicia penal que coloca en primer plano la expresión de la ira y el resentimiento por el delito en público a través de la faz simbólica del castigo. Esto significa: condenar más y comprender menos y crear condiciones austeras en las prisiones. En otras palabras, el castigo expresivo que transmite el sentimiento del público, como ser las condenas graves para las ofensas serias, es decir, la pena de muerte, la cadena perpetua y el castigo corporal.
Esto significa el regreso de la víctima al centro de la escena. Las víctimas deben ser protegidas con toda la ley. Ser duro con los delincuentes es estar a favor de la víctima. La víctima no debe ser un ciudadano desafortunado, sino que la ley está en la obligación de poner preso al infractor y no el desentenderse del delito. Hablar en nombre de las víctimas es defender nuestros derechos.
En tal sentido, los operadores de justicia deben ser más responsables y cumplir al pie de la letra con sus obligaciones. Esta aseveración va dirigida al ministro de seguridad, a la policía preventiva y represiva, al ministerio público, a los fiscales, jueces y juristas que en el país no cumplen y que han hecho de la justicia un verdadero galimatías.

GUATEMALA: Cárceles arrastran viejos problemas...

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Carceles-arrastran-viejos-problemas_0_296370371.html

En cinco años podrían verse resultados. archivo

Cárceles arrastran viejos problemas

"El sistema carcelario ya caducó", dijo el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, sobre la crisis de seguridad en las cárceles, cuya más reciente evidencia es que se tuvo que recluir en un cuartel militar a cuatro presos por casos de alto impacto...

POR HUGO ALVARADO

Podría parecer muy actual esta frase: "Estamos en el deber de arbitrar los medios para proceder a la construcción de una penitenciaría que reúna condiciones de higiene, de seguridad y de moralidad"; sin embargo, fue escrita hace 135 años, después la visita de una comisión a la cárcel de hombres de la ciudad de Guatemala.

José F. Quezada, miembro del grupo que inspeccionó la prisión —ubicada entonces en la 3a. avenida y 5a. calle—, sentenció que debían hacerse cambios para que, "lejos de ser escuelas de corrupción, donde se refinen los instintos de perversidad, como hasta hoy ha sucedido, sea lo que de veras tiene que ser: lugar de escarmiento y moralización".

A raíz de ese informe, presentado un 9 de julio, se ordenó construir la Penitenciería Central. Así lo documenta el sacerdote mercedario Antonio López Martín, en Cien años de historia penitenciaria en Guatemala, que registra los intentos por establecer un verdadero sistema correctivo.

El problema persiste

"El sistema carcelario del país ya caducó", dijo esta semana el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, al ser consultado sobre la crisis de seguridad en las cárceles, cuya más reciente evidencia es que se tuvo que recluir en un cuartel militar a cuatro presos por casos de alto impacto: los hermanos Valdés Paiz y Diego Moreno, implicados en el caso Rosenberg, además del ex presidente Alfonso Portillo, cuya integridad física no estaba garantizada en ningún área del Preventivo de la zona 18, por lo que fue trasladado el miércoles recién pasado.

Menocal añade que la capacidad de las prisiones fue superada por el crecimiento de los grupos criminales, la ausencia de programas de reinserción social y la falta de profesionalización del personal penitenciario. El 90 por ciento de las 20 cárceles que están a cargo del Sistema Penitenciario fueron construidas hace más de un cuarto de siglo, por lo que su diseño no responde a la realidad criminal que vive el país, afirma el ministro.

Parte de ese debilitamiento se refleja en que los reos mantienen el control de las prisiones, persisten prácticas de corrupción y la infraestructura no cumple con las condiciones mínimas, a lo cual se suma la poca atención que le ha dado el Estado a esa institución en las últimas décadas. Menocal asevera que se planea construir una nueva cárcel, ahora sí de máxima seguridad.

Viejos problemas

La Penitenciería Central empezó a funcionar en 1881, cuando todavía no estaba terminada, porque en la antigua prisión de Santa Catalina había escasez de agua, falta de ocupación productiva de los reos, desorganización interna y, sobre todo, hacinamiento.

Fue diseñada para internar a 500 hombres, pero llegó a tener, dos mil 500, es decir cinco veces su capacidad, lo que la convirtió en un "antro de vicio, de miseria, de horror y de muerte", detalla López Martín.

Entre los problemas que esa instalación tenía a comienzos del siglo XX figuraba el control ejercido por los internos dentro de los centros, el consumo de drogas y la infraestructura defectuosa, que generaba motines y fugas.

Otro lugar, igual problema

En 1955 se estableció la Inspección General de Cárceles y en 1965 empezó la construcción de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, que pretendía reinsertar a los prisioneros a través de procesos de reeducación. Empezó a funcionar "provisionalmente" en 1968 pero no sería terminada sino hasta 10 años después.

Los problemas persistieron, sobre todo por la sobrepoblación e instalaciones defectuosas.

Con el tiempo se construyó un centro anexo denominado Pavoncito, y también el Preventivo de la zona 18, pero en todos los casos las autoridades prácticamente fueron perdiendo el control de los penales.

El más reciente ejemplo de las deficiencias fue la construcción defectuosa de la cárcel de alta seguridad Fraijanes 2. Durante un motín, los reclusos destruyeron parte de las celdas y se evidenció la mala calidad de los materiales de construcción que se utilizaron.

Menocal explica que en la actualidad el cuadro de prisiones fallidas es completado por la falta de controles internos y la corrupción de guardias penitenciarios, lo cual permite que los presos tengan acceso a teléfonos celulares y otros objetos prohibidos por la ley.

El funcionario atribuye la actual debilidad del Sistema Penitenciario a la falta de presupuesto y también al poder del crimen organizado que opera desde adentro de las cárceles. Actualmente hay un exceso del 60 por ciento en las prisiones del país y hacen falta unos mil 150 guardias para que existan verdaderas condiciones de seguridad. Lamentablemente los recursos no son suficientes.

"Los presos de alta peligrosidad que están en las diferentes cárceles no tienen nada que envidiar a los grupos criminales internacionales en lo que respecta al grado de violencia que ejercen para atemorizar a la sociedad", refiere Menocal.

Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, expuso que el pretexto de cada gobierno es la falta de presupuesto para presidios. Sin embargo, el verdadero problema radica en la falta de programas y una estrategia para retomar y mantener el control de las cárceles del país.

Por ello propone una reforma al Sistema Penitenciario que incluya la profesionalización del personal y programas de reinserción acordes con la realidad del país y del propio recluso.

Canteo indica que en el Acuerdo Nacional de Seguridad existen compromisos que el Ejecutivo no ha cumplido en lo referente a diseñar e implementar centros penitenciarios que formen y reintegren a las personas privadas de libertad.

El sacerdote Gonzalo Cano, delegado nacional de la Pastoral Penitenciaria, de la Conferencia Episcopal, expresa que la conducta de los presidiarios es ahora más agresiva que antes. "No era el mismo comportamiento hace 25 años", dice.

El objetivo de las cuatro granjas de rehabilitación era que los presos hicieran trabajos productivos, pero ahora los internos lo primero que intentan es fugarse.

Mario Mérida, militar retirado, experto en seguridad, manifiesta que Presidios es un sistema estructuralmente agotado. "No hay una política de seguridad encaminada a reducir los niveles de inseguridad y genere que las cárceles se descongestionen", afirma.

"La guinda que demuestra que el Sistema Penitenciario ya no funciona es que decidieron convertir las cárceles militares en reclusorios para personas civiles", añade Mérida.

Las autoridades se empeñan en efectuar redadas y mandar a la cárcel a los implicados, y eso agudiza el hacinamiento, durante el cual muchos reos aprenden nuevas formas de delinquir.

Gustavo Palma, sociólogo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, opina que el problema de las cárceles del país es que el Estado es excluyente y no genera oportunidades. "El Estado debe proveer lo mínimo a la población, para prevenir el delito", expone.