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Las solicitudes de ciertos prisioneros para salir de la prisión parecen extraídas de un catálogo que a decir verdad, recuerdan mucho la ingenuidad de las excusas de los adolescentes.
En una ocasión, por ejemplo, un recluso pidió a un juez que, para evitar tanto trámite diario en su salida y entrada para el conteo, mejor lo dejara quedarse definitivamente en la caseta ubicada frente a la cárcel de máxima seguridad. Él atendía en horarios laborales la tienda y al quedarse a dormir ahí iba a estar preso, fuera de los muros de prisión, pero controlado por los guardias que cuidan el perímetro de la cárcel.
Es fácil imaginar que los policías se convertirían en los clientes más asiduos en la tienda: comprarían Coca-Cola a media mañana y mancharían sus dedos de anaranjado al comer ricitos y cheetos despachados por un convicto a quien custodiaban.
Otro recluso pidió al juez permiso para dejar la cárcel cada 15 días y así poder visitar su pueblo. Hay un caso, además, en el cual 3 reclusas solicitaron, en conjunto, salir cierto día de la prisión de mujeres e ir a la de hombres a visitar a sus maridos. Tanto ellos como ellas habían sido separados cuando cayeron acusados por secuestro.
La historia hasta acá puede provocar cierto sarcasmo, pero uno puede dejar de reír si se entera de la siguiente parte de la historia: cada uno de esos permisos fue concedido. Y puede sonreír menos si se topa un buen día a un convicto –cuya conducta es calificada como altamente peligrosa– en el pasillo de un centro comercial.
Pa' fuera
Se llamaba Julio. Julio Salvador Recinos Suásnavar. Pero para efectos de esta historia, se llamará simplemente Julio. En el Juzgado Primero de Ejecución lo recuerdan como un integrante de un grupo acusado por secuestro a quien periodistas bautizaron como Los Dormilones. Pero de dormilón, Julio no tenía un pelo. A principios de 2002 planteó ante el juez la petición de permiso para ir a estudiar a la universidad. Quería hacerse abogado. Era parte de su rehabilitación.
Estaba preso en la Granja Penal Cantel, en Quetzaltenango. El juez concedió su permiso. En su expediente quedó adjunta la copia del carné de la universidad, el pénsum de estudios para graduarse como hombre de ley, los permisos para salir todos los días de la prisión, desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche. Había una hora de margen en la salida y la entrada pues el recorrido hacia la universidad tomaba tiempo.
En una hoja especial el recluso solicitó al juez, que dado que visitaba una institución educativa, era imposible que el custodio ingresara uniformado y armado para cuidarlo. El estigma, además, es siempre una desventaja. Nadie imagina que un compañero de aula al concluir la jornada viajará de regreso a prisión, donde cumple condena porque se probó su participación en un secuestro.
Así que la disposición fue que el custodio aguardara siempre fuera de la universidad a que el muchacho saliera al concluir las clases. La foto de un joven, de cara cuadrada y cejas negrísimas aparece en ese fólder. Y hojas adelante el triste testimonio del guardia que lo acompañaba la noche que escapó. Como lo habían hecho los primeros tres meses del año: salieron de prisión, viajaron hasta la universidad, el custodio esperó fuera, pero cuando salieron los estudiantes, Julio no apareció. El guardia esperó, pero cuando notó que no había nadie más, decidió entrar a las aulas. Ni un alma en la universidad. Julio se fugó.
La última hoja de este registro es un oficio del juez que autorizó ese permiso. Aparte de suspender esa triste autorización, ordena la recaptura de Julio.
"Y al final esos permisos quedan bajo responsabilidad del Director de Presidios", dice Giulio Talamonti, ex director del Sistema Penitenciario. Justamente durante su administración el ex ministro de Gobernación, Salvador Gándara, planteó una queja y solicitó investigación contra la juez María Antonieta Morales, a quien Gándara acusó de ser demasiado complaciente. Hay tres jueces de Ejecución en el país, responsables de controlar el avance de las condenas de los convictos. Ella fue la única señalada este año por el Ministerio.
Hubo permisos firmados por la juez afirmaron de parte del Ministerio de Gobernación, que autorizaron, por ejemplo, salir a un recluso durante 24 días consecutivos.
"Hay que comprender la ley, tiene un sentido humanitario al conceder esos permisos. Si el padre de un recluso está enfermo, o incluso ha muerto, es humano considerar que la persona le visite o asista al funeral. Eso es un sentido humano", dice el ex director.
Talamonti es un joven abogado especializado en seguridad pública. Dirigió durante cuatro meses el Sistema Penitenciario y fue en ese lapso cuando se detuvieron numerosos permisos emitidos por la juez Morales.
"Es que tampoco tenemos el recurso. No podemos disponer de seis guardias y dos carros, para acompañar a cada cual que solicita permiso", agrega.
Ese, cree la juez Morales, es el problema. Un sistema con una ley vigente pero sin recursos para hacerla activa. "No se ha comprendido la función del juez ejecutor: ya no juzgamos, ya no condenamos, nosotros trabajamos porque una persona que infringió la ley aprenda a vivir de nuevo en la sociedad", dice sentada en su despacho.
De una y otra gaveta de su escritorio empieza a extraer un sin número de oficios. Y los muestra: las quejas de parte del ex ministro Gándara, la queja frente a la Junta de Disciplina Judicial.
En realidad, cada quien que ha visto el caso, piensa de inmediato que corrió dinero, porque no se pueden explicar de otra manera que una juzgadora permitiera tantas salidas.
"Si creyeron que soy corrupta, se equivocaron. Han investigado, y la última resolución determina que yo tengo la facultad para otorgar esos permisos. Y la mejor prueba: nadie, absolutamente ningún prisionero, se ha fugado durante el tiempo que tengo de estar al frente de este juzgado", añade.
Y es cierto. Ha permitido a prisioneros visitar sus pueblos, a sus padres, a sus cónyuges, les ha concedido autorización para viajar de un departamento a otro e incluso ha permitido las visitas conyugales intercarcelarias (detenidas visitan a detenidos) y hasta ahora nadie bajo su control se ha fugado.
Pero también es cierto que muchos de sus permisos, otorgados a reclusos condenados por delitos que la ley actual califica como actividades de crimen organizado, fueron rechazados por el Sistema Penitenciario.
"Porque curiosamente el perfil del prisionero que recurre a estos permisos corresponde al más peligroso, al que posee recursos. Cuentan con abogados que les aconsejan hacer uso de la ley, les dicen: aprovechemos la salida al exterior", dice Talamonti.
Pero esas salidas al exterior, dice Morales, son justamente las que regeneran a los reclusos. Hay quienes aprenden el valor de un trabajo de esa manera. "Aquí se aprende el valor de la confianza", añade.
La juez reconoce que autorizó al prisionero de Escuintla a dormir dentro de la tienda-caseta. "Que no estuviera dentro de los muros, no significa que no estuviera preso", explica.
¿Cuál es el problema?
El problema es que están presos. El problema es que es un sistema corrupto. El problema es que esta es una sociedad demasiado dura.
Uno y otro de los involucrados en la salida de los prisioneros descubren que el abuso en los permisos tienen muchas causas.
Primero, que la ley los permite. "Pero entonces el punto es crear el mecanismo para que no sea discrecional el hecho de otorgarles la autorización", opina Mario Domingo Montejo, abogado de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA).
Talamonti opina de la misma manera. Él cree que la discrecionalidad del Artículo 27, de la Ley de Régimen Penitenciario, es abierta, entonces no existe un criterio establecido.
Pero no todas las personas son iguales. Cada caso debe evaluarse detenidamente, dice la juez.
Y los recursos, sobre todo, los recursos. Talamonti reconoce que el sistema penitenciario está creado para rehabilitar al recluso. Y en eso coincide con la juez Morales. Pero de nuevo: leer la Ley de Régimen Penitenciario parece leer una utopía.
Una comisión debe conformarse para atender al prisionero en todos sus ámbitos: psicológico, humano, social, laboral, educativo. "Es una ley vigente, pero no activa", se queja la juez Morales.
De momento ella suspendió todos los permisos. Y después de guardar silencio dice: "Fui una osada". Y posteriormente aclara: "Quizá fui una atrevida". Lo único que le deja en paz es que de quienes acudieron a pedir permisos todos, todos permanecen en prisión.
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