Salir del infierno: ¿puede un pandillero rehabilitarse?
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Las pandillas están en la calle reclamando derechos para los presos. Dicen que quieren cambiar y reinsertarse en la sociedad. Pero estudios psicológicos concluyen que algunos delincuentes violentos no pueden rehabilitarse.
Por Fernando de Dios
SAN SALVADOR - El pasado 3 de marzo, familiares y miembros de pandillas se manifestaron en San Salvador para pedir al Gobierno de Mauricio Funes que respete sus derechos en las cárceles y les ofrezca alternativas para rehabilitarse.
Pero las preguntas obligadas son: ¿hay programas de rehabilitación? Y si los hubiera, ¿no será ya demasiado tarde para algunos?
Jorge Alberto Castro, Coordinador del Programa Privados/as de Libertad de la Fundación Ideas y Acciones para la Paz Quetzalcoatl –que desde 1999 trabaja con reclusos— dice que existen programas de rehabilitación en las cárceles, pero no son productivos.
Desde antes de la fase de confianza, cuando las y los reclusos ha cumplido la mitad o dos terceras partes de la pena y ha sido evaluados favorablemente, se inicia un trabajo psicológico con la persona privada de libertad. Se incide en la agresividad, en violencia intrafamiliar y en tratamiento de drogodependencias. Después, tras una nueva evaluación, pasa a la fase de confianza y de ahí a la semilibertad, cuando laDirección General de Centros Penitenciarios (DGCP) tiene la obligación de buscarle un trabajo.
El problema, explica Castro, es que de las más de 22 mil personas que pueblan las cárceles de El Salvador, en la actualidad sólo están accediendo al programa de semilibertad alrededor de 90.
Por tanto, las medidas de rehabilitación no están siendo aplicadas.
"Nos damos cuenta que no existe la capacidad (del sistema penitenciario)", afirma el coordinador del programa de presos de la Fundación Quetzalcoatl.
Y añade que un 28 por ciento del total de presos y presas ya han cumplido la parte correspondiente de sus penas y deberían estar ya en semilibertad, pero no están accediendo a esos procesos por la mora judicial que soporta el sistema, que hace que no se les evalúe.
Y aunque así fuera, el caso de los pandilleros es excepcional. El artículo 92 A de la Ley Penitenciariaestablece que las personas pertenecientes a ciertas organizaciones y que hayan cometido ciertos delitos no pueden acceder a estos beneficios y deben cumplir sus penas íntegras. Los pandilleros están entre ellos.
Un pandillero en prisión
"Andy" –así lo vamos a llamar— perteneció a la Mara Salvatrucha (MS) y pasó en prisión 14 años. A los 17 años, cuando estaba estudiando bachillerato, uno de sus mejores amigos fue asesinado y él creyó que la mejor manera de vengarse era uniéndose a la pandilla.
Era el año 92, y las cosas eran diferentes a lo que son hoy. "Era como más hermandad, más unión, más respeto. Era como salir entre amigos a caminar, a vacilar, como decíamos" recuerda. De ahí pasó a abusar de las drogas y el alcohol.
"Comenzamos a andar de arriba para abajo y en una de ésas me metí en un problema, fui detenido y llegué a los centros penales", narra.
Ya en la cárcel, Andy comenta que se dieron cuenta de que se estaban violando los derechos de los presos, sus derechos humanos. Por ello, comenzaron a denunciar casos concretos ante la Fiscalía General de la República y consiguieron que personal de la prisión fuera removido de sus cargos.
Pero a partir de ahí, dice, comenzó una persecución contra ellos y les acusaron de graves delitos dentro de la cárcel. Fue trasladado en numerosas ocasiones, pasó por otras cárceles a lo largo y ancho del país y aquel sentimiento de abandono del principio se repetía en cada una de ellas.
Su larga trayectoria dentro del sistema penitenciario le ha hecho llegar a algunas conclusiones. La imposibilidad de acceder a los beneficios penitenciarios, dice, produce en los jóvenes pandilleros mucha impotencia.
"Es frustrante porque hay muchos jóvenes que se han esforzado por llenar los requisitos que exige la ley, pero por el simple hecho de ser pandilleros, aunque los cumplan no se los dan (los beneficios penitenciarios)", narra.
Ello, unido al aumento de penas que se ha producido durante los últimos años, según el ex pandillero, afecta psicológicamente a estos presos.
"Un joven de 18 años condenado a 103 años, a 120, cuando llega a la cárcel y se da cuenta que no hay nada que hacer, su mente empieza a maquinar en dos objetivos; primero a ver cómo se fuga; segundo ver cómo se venga de la gente que lo ha llevado ahí", asegura.
Aunque no están superpoblados como las cárceles, la situación también es tremendamente deficiente en los centros de menores regidos por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).
El padre Antonio Rodríguez dirige el Centro de Capacitación y Orientación Padre Rafael Palacios, en Mejicanos, y colabora con el Juzgado Primero de Menores en la aplicación de medidas sustitutivas que los jueces imponen a estos jóvenes, parte de ellos pandilleros.
La organización en que está integrado su centro, el Servicio Social Pasionista, ha estado haciendo encuestas en varios de estos centros del ISNA.
Sus resultados son que un 97 por ciento de los jóvenes afirma que la cantidad y calidad de los alimentos que reciben es poca y mala. Un 75 por ciento ha consumido drogas en su interior, un 72 por ciento afirma que no hay programas para atender problemas de adicciones.
Un 60 por ciento de los menores dice que hay abusos verbales, físicos y coacción por parte de los custodios y a la mayoría no se le ha prestado la atención médica necesaria.
"Hay una desatención del cuido de la vida que el Estado tiene que garantizar a los privados de libertad, tanto en las cárceles como en los centros de menores", afirma el religioso.
Al igual que en las cárceles, en los centros de menores también son las medidas de régimen abierto las que mejores resultados han dado. La hoy directora del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Aída Luz Santos, fue jueza de menores durante 14 años.
"Las medidas de medio abierto son las más difíciles de cumplir y es donde se puede medir la responsabilidad" explica la jurista. Si se le están dando oportunidades y el joven no responde, entonces ya sólo queda la privación de libertad.
Durante su época como jueza, con estas medidas de régimen abierto, ella computó una reincidencia en los jóvenes de un 23 por ciento. De este modo, según Santos, la mayoría respondió a estas medidas y se acercó a una situación mejor que estando recluido en el centro de menores.
Trastorno de Personalidad Antisocial
Algunos pandilleros son muy difíciles de rehabilitar. Lo reconocen así tanto Homies Unidos, como Jorge Alberto Castro, como psicólogos que trabajan con ellos.
Un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de El Salvador (UES), titulado "Las pandillas, enfoque preventivo", hace un recorrido por la inmersión de un joven en la pandilla y en la cultura criminal.
Este trabajo señala que un factor común a la mayoría de los jóvenes que se unen a una pandilla es la baja autoestima.
Muchos de ellos, alrededor de un 80 por ciento según el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, provienen de entornos de pobreza y exclusión, de hogares desintegrados, han sido víctimas de violencia y maltrato
El proceso por el que un niño pasa a ser un delincuente en estas circunstancias es escalonado. Se va haciendo más complicado a medida que sus actos van evolucionando de pequeñas faltas a graves delitos.
Según explica el psicólogo forense de Medicina Legal y profesor en el Departamento de Psicología de la UES, Marcelino Díaz Menjívar, el propio proceso de integración en la pandilla es gradual.
De la pelea se pasa a la violación, mientras se consumen drogas, se cobran rentas para la clica, se hurta y se roba. También se practica el secuestro. Después, dada la disponibilidad de armas, se mata a un pandillero rival, más tarde a un comerciante, un conductor de autobús o un civil anónimo.
En esta etapa, según Díaz Menjívar, estos jóvenes sufren trastornos de conducta. Su personalidad se está conformando, aún son adolescentes, pero sus conductas ya son patológicas.
Dentro de un grupo armado, temido, que le protege y abastece de todo lo que necesita, su baja autoestima, su resentimiento acumulado, se convierten en arrogancia, agresividad, desafío a la autoridad y, por supuesto, violencia.
La violencia que ha sufrido y respirado desde que tiene uso de razón es ahora su instrumento. La aplica contra todo el que intente imponerle autoridad. No es inusual que estos jóvenes ataquen a sus padres. También desafían al maestro y por supuesto, a la Policía.
Según Jorge Alberto Castro, cada muerte es un ascenso del joven en el status de la clica y de la pandilla. Gana poder matando y además, infunde miedo en su entorno, lo que es muy rentable.
En términos psicológicos, estas personas, una vez adultas, sufren una patología mental. Según el citado estudio y el profesor Díaz Menjívar, El diagnóstico más certero para estas personalidades sería el Trastorno de Personalidad Antisocial. Las características esenciales de esta dolencia son el desprecio y violación de los derechos de los demás y la carencia de sentimiento de culpa.
La violencia se introduce en algunas de estas personas de tal manera que les empuja a practicarla de forma sistemática, pasando al descuartizamiento, la tortura, la quema de cuerpos e incluso al canibalismo, aunque éstos son casos aislados.
"Se convierten en asesinos en serie", afirma el psicólogo forense, y añade: "El asesino en serie siente la necesidad de matar. Matar es una forma de sentirse superior, de sentirse dios". Una vez han matado, concluye el experto, estas personas son muy difíciles de rehabilitar.
Castro también ha comprobado que algunos de estos jóvenes son prácticamente irrecuperables.
"Dentro del grupo hay gente que sólo piensa en matar", dice. Y añade que es una patología, que se hacen adictos a matar. "Esta gente es bien difícil sacarla y tiene que pasarle algo muy fuerte para que puedan cambiar".
Pero no todos son iguales. Según Castro, hay una especie de clasificación dentro de las clicas. Algunos se encargan de reclutar, otros de cobrar rentas y luego están los sicarios, los que cometen los crímenes.
"Hay algo que alguien me dijo alguna vez, que la gente que más tatuada está es la que menos anda en la calle y es la que se utiliza para las cosas más gruesas" comenta.
Una sociedad enferma
"Las cosas más gruesas", es decir, hechos esporádicos, son elevadas a la categoría de representativas por una excesiva cobertura por parte de los medios de comunicación. Son árboles que no dejan ver el bosque.
La violencia de las pandillas no se produce en un entorno pacífico. Su actividad se enmarca en un contexto eminentemente violento, que es consecuencia de múltiples factores arraigados en la estructura social y el propio Estado.
El profesor Díaz Menjívar parte de una disciplina que él imparte, la psicopatología social, para estudiar cómo la sociedad enferma al individuo y cómo el individuo enferma a la sociedad.
"La salud o insanía de una sociedad se mide por sus índices de violencia", afirma. De modo que, de acuerdo a este análisis, la sociedad salvadoreña es un enfermo en estado grave.
Alguno de sus síntomas los describe con crudeza el padre Antonio. Señala que la impunidad, instalada en la sociedad sobre todo para las clases más ricas, ha roto la confianza de los ciudadanos en el Estado:
"La impunidad se ha hecho ley, con la Ley de Amnistía, que durante 20 años ha protegido a delincuentes en este país. En este momento necesitamos un abordaje para romper con la dinámica de la impunidad y la lógica de la amnistía".
Mientras no se realice ese abordaje, continúa el religioso, "en este país no habrá reconciliación, no habrá paz, porque no se fomenta una verdadera cultura de paz".
Otro síntoma, según la ex jueza Santos, es la falta de transparencia y la debilidad de las instituciones: " La Asamblea no quiere aprobar una ley de transparencia, tenemos un Tribunal de Ética sin competencias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es meramente orientadora. Yo les daría más poder a esas instituciones".
"Cuando las instituciones son débiles, el crimen les supera", concluye la jurista.
En resumen, como explica Janette Aguilar, directora del IUDOP:
"Las estrategias represoras, junto a la preeminencia y profundización de factores como exclusión, marginación, falta de oportunidades, disponibilidad de armas y drogas, la presencia cada vez más fuerte del narcotráfico y la respuesta fallida del Estado, han facilitado la evolución de las pandillas a grupos armados
Y agrega: "El tratamiento errado desde el Estado ha permitido que se conviertan en verdaderas corporaciones, han permitido que se organicen en respuesta a la amenaza".
¿Por dónde empezar?
Todas las fuentes entrevistadas para este reportaje están de acuerdo en varias medidas que se deberían tomar a corto plazo tanto en prevención como en rehabilitación de jóvenes pandilleros.
Algo en lo que todos coinciden es en que si se pone atención sobre estos jóvenes y se les dan oportunidades de formación y alternativas de ocio y realización personal a los que aún se pueden recuperar, la mayor parte de ellos responden positivamente.
Para el profesor Díaz Menjívar, el más escéptico, es necesario el trabajo psicológico sobre estos jóvenes, de ser posible de manera individualizada. Aunque para él, toda la sociedad está necesitando tratamiento psicológico.
El padre Antonio incide en las acciones para la recuperación de la confianza entre los jóvenes y las comunidades. También, en la educación en valores y el fortalecimiento de la dimensión humana en sus conciencias.
Todos aseguran que la prevención debe ir dirigida fundamentalmente a los niños que aún no han entrado a las pandillas pero están en riesgo. Es decir, hay que trabajar en las comunidades donde operan las pandillas, comunidades por lo general pobres y con graves problemas de exclusión y violencia dentro de las propias familias.
Para ello, algunas instituciones están incidiendo en el trabajo con las alcaldías. El CSNP ha puesto en marcha Observatorios de la Violencia y Consejos de Prevención en los municipios; el Ministerio de Gobernación ha desarrollado un plan piloto de intervención integral en el Distrito Italia de Tonacatepeque. También investigadores de Medicina Legal les están ofreciendo apoyo psicológico.
Son los municipios los que más cerca están de estas comunidades y los que mejor pueden identificar sus problemas, decidiendo además si en un momento dado la situación requiere más prevención o más represión, como explica Santos de Escobar.
La directora del CNSP, el padre Antonio, la Fundación Quetzalcoatl, y también el ex pandillero Andy, por experiencia propia, coinciden en que el estigma de los que salen de un centro penal es tan grande que su reinserción en la sociedad, sobre todo hallar un empleo, se hace muy difícil.
Para ellos, se proponen medidas como reducir el tiempo que ha de pasar para que de su expediente se borren los antecedentes. Muchas de estas instituciones también tienen programas de eliminación de tatuajes.
Desde el punto de vista del sistema penitenciario, las carencias son enormes, pero el cambio de dirección es esperanzador, según Jorge Alberto Castro. También lo reconoce así el padre Antonio.
La DGCP, al frente de la cual está Douglas Moreno, ha constituido la Mesa Interinstitucional, que vela por la labor de las Mesas de la Esperanza articuladas en cada una de las prisiones del país. Éstas se implantaron desde el mes de julio del pasado año y, según Castro, permitieron que familiares, ONG's, iglesias y representantes de la propia DGCP entraran dentro de todas las cárceles para conocer la situación de primera mano.
A partir de ahí, se han suavizado algunas de las medidas más represivas, sobre todo las que afectan a las visitas de familiares y visitas íntimas. Según Castro, algunos reos están respondiendo y mejorando sus comportamientos.
También se está trabajando por la transparencia, con la publicación de los datos económicos de la DGCP, es decir, sacando a la luz en qué y cómo se gasta el dinero.
Por otra parte, se han removido de las direcciones de los penales a los ex militares que estaban en esa función, que la Constitución deja claro que no deben desempeñar.
Salir del infierno
El debate está en la calle, en los medios de comunicación, en la Asamblea y en las instituciones; ¿Por dónde empezar a luchar contra la ola de asesinatos que asola a El Salvador?; ¿Es necesario incrementar penas a menores?; ¿Se va a conseguir algo haciendo que criminales adolescentes purguen 15 años en lugar de 7 en prisión, como lo ha aprobado recientemente la Asamblea?
Las cárceles de El Salvador están pobladas por casi el triple de reclusos de los que pueden albergar y los centros de menores, aunque no están superpoblados, no están en una situación mejor. Las instituciones que deben aplicar las medidas punitivas no funcionan y las que deben investigar y condenar a esos delincuentes tampoco.
Por su parte, las pandillas se están manifestando para pedir derechos y están mostrando que están más organizadas que nunca. También, en difusos comunicados cuya representatividad es difícilmente comprobable, dicen haber llegado a un acuerdo entre ellas y planteado una tregua al Estado.
A poco que se estudia el fenómeno, sólo con pasar de la superficie, se puede concluir que las pandillas no son grupos homogéneos, que no todos sus integrantes son iguales. Sin dejar de lado la persecución del delito, las autoridades se están aplicando en nuevas estrategias más globales y sostenibles, enfocadas al trabajo preventivo en las comunidades.
Andy ha dejado la pandilla, pero trabaja porque muchos otros puedan darse cuenta de algunas cosas y tengan la oportunidad de cambiar.
"De lo que yo me di cuenta es de que hay muchas cosas que no valen la pena. He visto morir un montón de gente que ya no están conmigo y que realmente creo que murieron muy temprano, que pudieron haber dado más" afirma el ex pandillero.
Y concluye: "Para mí ha sido difícil porque el estigma es bien grande, y sigue existiendo, pero siempre estamos luchando por ir abriendo esos espacios y ser referentes de que sí se puede cambiar".
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